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LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONVENCIDOS de que la corrupción socava
la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad,
el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral
de los pueblos;
CONSIDERANDO que la
democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad,
la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir
toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas,
así como los actos de corrupción específicamente vinculados con
tal ejercicio;
PERSUADIDOS de que el
combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas,
evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública
y el deterioro de la moral social;
RECONOCIENDO que, a
menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la
criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;
CONVENCIDOS de la importancia
de generar conciencia entre la población de los países de la región
sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la
necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en
la prevención y lucha contra la corrupción; RECONOCIENDO que la
corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional,
lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla
eficazmente;
CONVENCIDOS de la necesidad
de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva
y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción
y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas
que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como
respecto de los bienes producto de estos actos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS
por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los
ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que
socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras
legítimas y la sociedad, en todos los niveles;
TENIENDO PRESENTE que
para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la
erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es
necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y
DECIDIDOS a hacer todos
los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos
de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,
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